Combate Gobierno Estatal saqueo institucionalizado heredado por gobiernos neoliberales
Puebla, Pue.— El Gobierno del Estado emprendió acciones jurídicas y administrativas para enfrentar lo que calificó como un “saqueo institucionalizado” heredado de administraciones pasadas, particularmente durante el periodo de los gobiernos neoliberales, informó el gobernador Alejandro Armenta.
Durante un pronunciamiento oficial, el mandatario estatal aseguró que en Puebla se normalizó la corrupción mediante esquemas financieros que comprometieron por décadas los recursos públicos, afectando áreas prioritarias como el campo, la educación, la seguridad y la infraestructura carretera.
“Da vergüenza que lleguen a cargos públicos para hacer un saqueo brutal”, expresó Armenta, al señalar que a través de figuras como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), la entidad fue utilizada como un laboratorio para sistematizar el despojo de recursos.
El gobernador subrayó que su administración no persigue a personas ni actúa con omisión o complicidad, sino que atiende los casos por la vía legal para resolver compromisos heredados de décadas atrás. Como ejemplo, destacó la solución del litigio relacionado con el Museo Internacional del Barroco, el cual fue resuelto con un pago de 2 mil millones de pesos, generando un ahorro histórico de 8 mil millones de pesos para el estado.
Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que por instrucción del titular del Ejecutivo estatal, desde el inicio de la administración se implementaron acciones para frenar el saqueo financiero heredado.
Detalló que actualmente se trabaja en la terminación anticipada de diversos contratos, como el del Centro Integral de Servicios (CIS), en el que ya se han pagado más de 2 mil millones de pesos y cuyo vencimiento estaba previsto para 2037. Tan solo para este año, explicó, se deberían cubrir 259 millones de pesos adicionales. En el caso de Agua de Puebla, indicó que la cancelación anticipada del contrato implicaría una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos.
Asimismo, García Parra reveló que al inicio del actual gobierno se encontraron 89 litigios relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de facturas, con un monto total demandado superior a los 5 mil 500 millones de pesos. De estos casos, 29 ya cuentan con sentencia firme, que representan más de mil 500 millones de pesos.
