El Gobierno del Estado de Puebla presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma para endurecer las sanciones contra el delito de despojo inmobiliario, ante el aumento de este tipo de prácticas que afectan principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y comunidades indígenas.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que la propuesta contempla elevar las penas de prisión y las sanciones económicas para quienes incurran en este delito. De aprobarse, la pena pasaría de un rango de 6 a 12 años de cárcel, además de multas que irían de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
La iniciativa también establece castigos más severos para quienes financien o actúen como autores intelectuales del despojo, con penas de entre 7 y 15 años de prisión, así como multas de mil a 3 mil UMAS. García Parra subrayó que el objetivo es frenar prácticas de corrupción y dejó el análisis final en manos de las y los legisladores. “Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción; ahora corresponde al Congreso revisar y actuar en consecuencia”, expresó.
El proyecto de reforma busca inhibir la comercialización ilegal de tierras, la lotificación irregular y la especulación inmobiliaria derivadas del despojo de bienes inmuebles, prácticas en las que incluso pueden estar involucrados notarios públicos de manera dolosa. Las penas se incrementarían hasta en una tercera parte cuando el delito tenga fines lucrativos.
Asimismo, se contemplan sanciones mayores cuando se utilicen documentos falsos, se registren actos simulados ante el Registro Público de la Propiedad o exista participación intencional de un notario para facilitar u ocultar el delito.
Con esta propuesta, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la protección del patrimonio, la legalidad y los derechos de los sectores más vulnerables, además de fortalecer el marco jurídico para combatir de manera más efectiva el despojo inmobiliario.
