Da luz verde Senado a la militarización

Con el voto a favor de Morena, sus aliados, así como la mayoría de los legisladores del PRI y dos integrantes del PRD, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, en medio de un debate plagado de acusaciones de compra de votos, descalificaciones e insultos.

Con 87 votos a favor, incluidos nueve del PRI y dos del PRD, y 40 en contra del PAN, MC y el grupo plural, se regresó esta minuta a la Cámara de Diputados, en la que se establece que se etiquetarán recursos para policías estatales y municipales a partir de 2023, se crea una comisión bicameral que hará la evaluación y seguimiento de las actividades de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, usando criterios más objetivos con indicadores cuantificables y verificables, así como la comparecencia del gabinete de seguridad y la entrega de informe semestrales.

Del PRI votaron a favor Carlos Aceves del Olmo, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez, Sylvana Beltrones, Mario Zamora, Ángel García, Verónica Martínez, Manuel Añorve y Nuvia Mayorga; en contra, Miguel Angel Osorio Chong, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu. La única legisladora que se ausentó de la sesión fue la priista Claudia Anaya. Del PRD respaldaron la reforma Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo; mientras que votó en contra Juan Manuel Fócil.

Previo a la sesión vespertina, que se prolongó por más de ocho horas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que presentaría un adendum para que desde el próximo año —2023— se etiqueten recursos del presupuesto federal para policías locales, y apuntó: “Ya no puede ser motivo de disputa el tema de la Ley Alito, nosotros respetamos a Alito, no tiene que ver porque es otra distinta, ya no deben pelearse con fantasmas lo adversarios porque construimos una nueva”.

Los recursos para las policías se establecerán de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no podrá ser inferior, en términos porcentuales, al incremento que reciba la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año; los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin.

La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu anunció su voto en contra y perfiló que la mayoría de su bancada apoyaría la reforma; asimismo, señaló que “este debate no era sobre la seguridad, es sobre si queremos o no cumplir un capricho de prorrogar sin justificación una presencia militar”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, argumentó su voto a favor y dijo que “son más los que están arriesgando su vida todos los días, hombres y mujeres del Ejército y de la Marina. Para ellos, mi respeto y mi reconocimiento, y por ese respeto y ese reconocimiento yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y (…) un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene”.

Ricardo Monreal dijo que “es conveniente por sensatez, por serenidad y prudencia prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas con los mecanismos de control que estamos diseñando”.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, reiteró la postura de esa bancada en contra de “la intención de la militarización del país, que me parece que es justo lo que está en el centro, porque no estamos hablando de cómo construir una estrategia de seguridad, (…) la propuesta que han traído, que ayer se presentó y conocimos apenas la tarde de ayer, tiene que ver con otra cosa”.

Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, indicó que “a mí lo que me da mucha tristeza es que quienes antes se reputaban como antimilitaristas hoy aplaudan, por falta de dignidad, de valor, de coraje, de determinación, y secunden las decisiones arbitrarias de un gobierno incompetente”.

Del grupo plural, Emilio Álvarez Icaza evidenció la intención de un Presidente para que no se investigue a quienes desde las Fuerzas Armadas cometieron vejaciones y abusos.

La reforma fue devuelta a San Lázaro para su análisis y eventual aprobación.