Revocan visa a gobernadora de Baja California y a su esposo; Morena cierra filas en su defensa
Tijuana, BC. – La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, el político Carlos Torres Torres, enfrentan una inesperada revocación de sus visas estadounidenses por parte del Departamento de Estado de EE.UU., en lo que autoridades mexicanas y dirigentes de Morena califican como un procedimiento administrativo sin acusaciones formales.
La situación comenzó cuando Carlos Torres, exdiputado panista y actual funcionario honorario del ayuntamiento de Tijuana, reveló en redes sociales la cancelación de su visa de no inmigrante. En su publicación expresó que recibió la notificación consular recientemente y aseguró que su conciencia está tranquila, confiando en una pronta resolución favorable.
Horas después, la mandataria estatal confirmó que también fue notificada de la cancelación de su documento de viaje: “Como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado”, escribió en redes sociales. Ambos expresaron plena confianza en que el tema se aclarará.
Torres ha tenido una trayectoria política controversial: fue expulsado del PAN en 2019 por apoyar la extensión del mandato del entonces gobernador Jaime Bonilla, lo que marcó su cercanía con Morena, partido al que se afilió formalmente en 2024.
El tema ha desatado especulaciones, especialmente por el papel clave que tiene Baja California en la relación bilateral con Estados Unidos: desde la gestión de aguas contaminadas en la frontera hasta el combate al tráfico de armas. El hecho de que la revocación ocurriera en un contexto de estrecha colaboración transfronteriza —como la reciente sección binacional del Tianguis Turístico— ha encendido el debate público.
Desde Morena, tanto su dirigencia estatal como las bancadas en el Congreso han salido en defensa de Ávila Olmeda, asegurando que no hay ninguna investigación en curso ni señalamiento judicial, ni en México ni en EE.UU. Acusan a la oposición, especialmente al PAN, de aprovechar la coyuntura para desinformar y atacar políticamente a la gobernadora.
El PAN, por su parte, exige a la mandataria una explicación puntual sobre la revocación del documento, y pone en duda la versión de que se trate únicamente de un “procedimiento administrativo”.
