Cinco muertes y cuatro funcionarios bajo cuestionamiento en IMSS-Bienestar Puebla
Puebla, Pue. — Cinco pacientes fallecidos, proveedores que aseguran no haber recibido pagos desde 2025 y servicios médicos que presuntamente habrían resultado afectados por la falta de recursos. En medio de este escenario, cuatro funcionarios de áreas estratégicas de IMSS-Bienestar y de la Secretaría de Hacienda son señalados en relación con las decisiones administrativas y financieras que hoy generan cuestionamientos.
Los nombres que aparecen en los señalamientos son Christian Leslie García Romero, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de IMSS-Bienestar; Gladys Carmen Galaviz Sosa, titular de la Coordinación de Finanzas; Edgar César Sepúlveda Villanueva, coordinador de Planeación y Control del Abasto; y Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sus áreas de responsabilidad están vinculadas con la administración de recursos, las finanzas y el abastecimiento de insumos y servicios médicos.
¿Los adeudos llegaron a afectar la atención médica?
De acuerdo con proveedores que han denunciado retrasos en los pagos, existen servicios prestados desde 2025 que continúan pendientes de liquidación.
Entre los servicios señalados se encuentra el de craneótomo, equipo utilizado en determinados procedimientos neuroquirúrgicos y cuya disponibilidad, según los denunciantes, habría resultado afectada por los adeudos.
El caso adquiere una dimensión todavía más delicada ante los señalamientos relacionados con cinco pacientes fallecidos en el Hospital General del Sur y el Hospital General de Tehuacán, quienes presuntamente requerían atención especializada.
Hasta ahora, los señalamientos plantean una pregunta que deberá ser esclarecida mediante una investigación formal: ¿existió una relación entre la falta de insumos o servicios y estos fallecimientos?
¿Falta de recursos o falta de pagos?
Mientras proveedores aseguran continuar esperando recursos correspondientes a servicios prestados desde 2025, también han surgido cuestionamientos sobre el pago a otros proveedores contratados dentro de la estructura señalada.
Esto abre otra interrogante: ¿realmente no había recursos disponibles o el problema estuvo en la asignación y liberación de los pagos?
La diferencia no es menor.
Detrás de una factura pendiente existe un proveedor que puede dejar de prestar un servicio. En el sector salud, la interrupción de un servicio o la falta de un insumo puede tener consecuencias que van mucho más allá de una cifra contable.
Y cuando se trata de pacientes que requieren atención especializada, el tiempo puede convertirse en un factor determinante.
¿Quién tomó las decisiones?
Los señalamientos colocan bajo escrutinio a funcionarios responsables de áreas relacionadas con finanzas, administración, abasto y manejo de recursos públicos.
La pregunta central ahora es determinar dónde se detuvieron los recursos, por qué algunos pagos permanecieron pendientes y si las decisiones administrativas tuvieron alguna repercusión en la prestación de los servicios médicos.
También será necesario establecer, mediante investigaciones y evidencia verificable, si existe alguna relación causal entre los presuntos adeudos y los cinco fallecimientos.
Cinco vidas están en el centro de estos cuestionamientos. Y las respuestas tendrán que llegar.
